Reducción del riesgo
Se puede afirmar que la principal acción de gestión de riesgos es la reducción del riesgo. En general, corresponde a la ejecución de medidas estructurales y no estructurales de prevención y de mitigación del riesgo que se realizan con anterioridad a la ocurrencia de un desastre, con el fin de evitar dicho desastre y/o anticiparse para disminuir el impacto económico, social y ambiental de un fenómeno peligroso. Implica procesos de planificación, pero fundamentalmente de ejecución de medidas que modifiquen las condiciones de riesgo mediante la intervención correctiva y prospectiva de los factores de vulnerabilidad existentes, y control de las amenazas cuando eso es factible (Cardona, et al., 2005).
Según la ley 1523 de 2012, la reducción del riesgo “Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera”.
Cuando se habla de reducción del riesgo, es común que se mencione que existen medidas estructurales y no estructurales para evitar o reducir las consecuencias de estos fenómenos peligrosos. En el primer caso, en general, estas medidas se refieren a una intervención física de la amenaza y de la vulnerabilidad mediante el desarrollo o refuerzo de obras de ingeniería para la protección de la población y sus bienes o la reubicación de asentamientos en riesgo, y en el segundo caso se refieren a la regulación de usos del suelo, el fortalecimiento institucional, la educación y la preparación de la comunidad, códigos de construcción, entre otras.
(Fuente: Cardona, et al., 2005 y Ley 1523 de 2012).
